Índice global de pensiones del Mercer CFA Institute 2025 

El índice Mercer CFA Institute Global Pension Index compara 52 sistemas de pensiones en todo el mundo, destacando tanto los desafíos como las oportunidades para los responsables políticos como los inversores. El índice de este año se amplía con la incorporación con Kuwait, Namibia, Omán y Panamá añadidos, incorpora datos actualizados de la OCDE e introduce nuevas medidas de integridad para obtener información más precisa. Los sistemas se evalúan en tres pilares: suficiencia, sostenibilidad e integridad, utilizando más de 50 indicadores. En 2025, los Países Bajos, Islandia, Dinamarca, Singapur e Israel lograron los codiciados grados A, con Singapur haciendo historia como el primer país asiático en alcanzar ese estándar. Con ocho mejoras y ninguna bajada, los resultados indican una tendencia a largo plazo de mayor resistencia en los sistemas de pensiones

Cada año, el índice también presenta una profundización en un problema de actualidad. En 2025, el enfoque se centra en el delicado equilibrio al que se enfrentan los gobiernos al alentar a los fondos de pensiones privados a invertir en áreas de prioridad nacional, planteando preguntas importantes en la intersección de la política y la seguridad de la jubilación.

A continuación descargue el informe para descubrir más sobre el análisis del sistema de pensiones en su país.

Ante el creciente interés de los gobiernos de todo el mundo en adoptar medidas para regular, restringir o influir en las inversiones de los fondos de pensiones privados, el capítulo especial de este año analiza las políticas vigentes, la lógica que las sustenta y los principios que pueden orientar un equilibrio entre atender a los participantes del plan de pensiones y promover intereses nacionales más amplios..

En muchos países, los gobiernos imponen restricciones directas o indirectas sobre los activos de los fondos de pensiones. La OCDE señaló en 2022 que solo una minoría de países no imponen límites, basándose únicamente en el principio de persona prudente. Los debates recientes también han destacado el papel de los fondos de pensiones en el apoyo de los objetivos sociales y económicos a largo plazo, lo que ha llevado a los gobiernos a considerar fomentar la inversión nacional en áreas de prioridad nacional.

Este capítulo revisa estas restricciones y su alineación con el objetivo fundamental de servir a los mejores intereses de los participantes. También propone ocho principios para guiar la colaboración entre los gobiernos y el sector de las pensiones:

1. El objetivo principal de los fondos de pensiones es proporcionar ingresos de jubilación a los participantes del fondo y a sus dependientes
2. Los fideicomisarios y fiduciarios deben actuar en el mejor interés de los beneficiarios del fondo de pensiones
3. La legislación de pensiones debe exigir que todos los fondos de pensiones desarrollen una política de inversión integral y que tengan prácticas sólidas de gobernanza de la inversión
4. Los fondos de pensiones deben considerar toda la gama de oportunidades de inversión disponibles, reconociendo que las oportunidades disponibles se ven afectadas por el desarrollo económico de un país
5. Los gobiernos pueden hacer que las inversiones particulares sean atractivas para los fondos de pensiones sin el uso de la compulsión y deben abstenerse de requerir un nivel de inversión “suelo” en una clase de activos en particular. La decisión de inversión real debe dejarse al fondo de pensiones
6. Los fondos de pensiones deben colaborar juntos y con el gobierno para aumentar las oportunidades de inversión en áreas en las que los fondos de pensiones pueden no tener la escala o el apetito de riesgo para invertir; p. ej., proyectos de infraestructura a través de asociaciones públicas y privadas
7. Debería haber una divulgación pública transparente relacionada con las inversiones reales mantenidas, sus rentabilidades y riesgos, pero no se aplican pruebas de rendimiento ni límites de comisiones a las inversiones en fondos de pensiones
8. Cuando los activos de los fondos de pensiones privados son un porcentaje significativo del PIB, los gobiernos deben reconocer el impacto y las interacciones entre sus políticas fiscales y sociales y las implicaciones para los jubilados actuales y futuros